Noviembre 8, 2024. Con declaraciones inflamatorias, paros, manifestaciones, irrupciones a los espacios de la Cámara de Senadores, alegatos de atropello a los derechos laborales de los trabajadores del poder judicial (afirmación falsa) secuestro de legisladores, agresiones verbales y físicas al presidente Andrés Manuel López Obrador y al senador Gerardo Fernández Noroña quien es el presidente del Senado; y con vituperios contra la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el poder judicial corriente recurrió a todo el espectro de estratagemas a su alcance, hasta la de dar cabida a amparos -improcedentes e ilegales de acuerdo con la Ley de Amparo- por parte de algunos partidos. Todo ello, para que evitar que de acuerdo al texto constitucional ya aprobado por dos terceras partes del Congreso y el Senado y de los congresos estatales, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, se realice la elección, por votación popular, de ministros, magistrados y jueces, lo que representa en sí mismo, un giro copernicano en la constitución de uno de los tres poderes fundamentales del Estado mexicano, el poder judicial. Esta iniciativa presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, promovida en la campaña electoral de la ahora presidenta, se materializó exitosamente con una votación histórica por la candidata de Morena, y de las mayorías calificadas en el Congreso y el Senado, lo que se representaba en todos los mensajes como «el Plan C».

El Plan C fue el planteamiento político del presidente López Obrador ante el hecho de que todas o casi todas las reformas que contaron con aprobación del poder legislativo, fueron rechazadas o invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en beneficio por ejemplo de empresas extranjeras o de intereses particulares y en detrimento del pueblo de México.

Otros antecedentes de la exigencia popular por el Plan C, son:

• la desconfianza que inspiran los integrantes del poder judicial entre la población mexicana por corruptos;
• los sueldos y prestaciones de boato y privilegio, francamente ofensivos e inconstitucionales, que reciben, sin ningún pudor, los ministros, magistrados y jueces (percibiendo tres o cuatro veces, lo que gana el propio presidente de la república, salario máximo estipulado por la propia Constitución, por ejemplo, seguros, haberes de retiro, blindaje de vehículos, etcétera, etcétera);
• los innumerables casos de personas presas posiblemente de manera injusta y sin sentencia
• un mar de expedientes rezagados (se habla de hasta 300,000 de dichos expedientes);
• nepotismo en la integración y funcionamiento de hasta un 50% del poder judicial (ellos argumentaron que eso eran puras «relaciones familiares», no nepotismo ni corrupción);
• la liberación de delincuentes comunes, como narcotraficantes y violadores;
• la autorización de acceso a fondos por parte de cómplices de criminales, como la esposa de Genaro García Luna y otros;
• el bloqueo de investigaciones sobre un segundo tirador en el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, al que sucedió el propio Zedillo Ponce de León que disolvió al Poder Judicial sin empacho alguno y constituyó la SCJN con algunos de los personajes de marras;
• el congelamiento de juicios por evasión de impuestos, en favor de delincuentes de cuello blanco, o de magnates como Ricardo Salinas Pliego;
• el acceso discrecional a fideicomisos multimillonarios, como una prebenda auto-asignada por los propios funcionarios judiciales;
• la realización de una campaña de descalificación de todas las iniciativas del poder ejecutivo y del poder legislativo con el apoyo y penetración perniciosos de los medios de comunicación

Y mucho más (de lo que se sabe, por ejemplo, casos de acoso sexual cometidos por los propios jueces, magistrados y ministros, escándalos silenciados por la Judicatura, que está a cargo de, vaya sorpresa, la misma Piña Hernández).

Todo parece corresponderse inequívocamente con las nociones de corrupción, delincuencia organizada y abuso de autoridad.

Por si ello no fuera suficiente, en la etapa más reciente del conflicto la Suprema Corte de Justicia, intentó discutir y votar un dictamen de uno de 11 ministros que la integran (de apellidos Alcántara Carrancá), para lo cual requerían -como ocurre con las decisiones de los otros poderes- dos terceras partes de los 11 ministros establecidos en la Constitución (es decir un voto por ocho de los ministros).

Pero cuando uno de ellos (de apellido Pérez Dayán) se negó a concurrir en dicha votación, que habría sido un flagrante atropello a la Constitución, la presidenta ministra de la Corte, de apellido Piña Hernández) intentó, en cadena nacional por el Canal Judicial de televisión, de una manera totalmente arbitraria e irracional, fuera de todo propósito legítimo, utilizar uno de los artículos de la Constitución, mismos que pretendían invalidar, para argumentar que solamente eran necesarios seis (y no los ochos) votos para invalidar toda la reforma, esperada por el pueblo de México, incluyendo dicho artículo.

Tal desfachatez, tal arbitrariedad, tal cinismo, orilla a pensar que los actuales ministros de la Corte no actúan en beneficio del pueblo de México, sino únicamente en defensa del status quo que les ha mantenido recibiendo sueldos y prestaciones de privilegio, litigando a favor de empresas extranjeras y empresarios evasores de impuestos, durante décadas, al menos desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Afortunadamente como el procedimiento exigía de una votación para aceptar la artimaña de la maestra Piña, en uno de los momentos más oscuros del poder judicial de los que se tenga memoria y conocimiento, no reunieron el número de votos necesarios para admitir ese criterio retorcido, y se invalidó la totalidad el proceso de cuestionamiento al nuevo texto constitucional.

En el interín, la mayoría de Morena PT y Verde, aprobaron un nuevo articulado constitucional que establece de manera inobjetable la supremacía constitucional y a mediados de 2025, los mexicanos acudiremos a las urnas a elegir a un primer grupo de ministros, magistrados y jueces, con la expectativa de que, al fin, haya una auténtica impartición de justicia apegada a la ley en nuestro país.