Después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, para sorpresa de todos, autoridades de varias dependencias estuvieron en el basurero de Cocula, según revela la grabación de un dron de la Secretaría de Marina.
La reacción a dicho informe fue ésta:
Además el gobierno le paga varios miles de pesos por cada espacio carcelario -tenga o no presos en él- mensualmente.
Negocios redondos.
Los nombres de los concesionarios y la entidad federativa donde se ubican las prisiones, según un twitter de Manuel Borbolla, son los siguientes: Olegario Vázquez Raña quedó a cargo de las cárceles de Durango y Michoacán; a Carlos Slim le tocó Chiapas y Morelos; a Federico Martínez, dueño de una empresa llamada Tradeco, le dieron la concesión del penal de Coahuila; a Bernardo Quintana (ICA) el de Guanajuato y el de Sonora; y a Hipólito Gerard, cuñado de Carlos Salinas, el de Oaxaca.
Son escandalosas las ganancias de las prisiones privadas, según los datos proporcionados por la secretaria de la SSPC en el 2020 el erario gastó en estas cárceles 15,562 millones 904,681 pesos con 42 centavos. El total de huéspedes alojados en los ocho penales señalados fue de 12,284 presos. Basta una división para saber que cada reo le costó al Estado un millón 266,924 pesos con 83 centavos. Aproximadamente, ¡lo que gana el presidente de la República anualmente! Es decir, cada preso le cuesta a la nación diariamente 3 mil 471 pesos con dos centavos. Lo cual contrasta con los 500 pesos diarios que cuesta cada recluso en los penales manejados por el gobierno.
Miguel Ajeno, en El economista.
A pesar de sus soberbios sueldos y prestaciones -cercanos al millón de pesos mensuales- los magistrados del poder judicial convirtieron al país es una nación sin ley ni orden, cometiendo omisiones en la aplicación de la justicia, dilatando procesos, etc.
Por si ello no fuera suficiente, hoy se sabe que incurrieron en multimillonarios gastos inútiles lo que equivale a una conducta cínica de despilfarro.
https://www.animalpolitico.com/2019/05/diagnostico-rezago-corrupcion-pgr/
En el II Informe de se puede leer:
«Este 5º autobús Estrella Roja, que salió por la puerta de atrás de la Central camionera, se detuvo antes de salir de la ciudad, y después fue parado por policía federal, cerca del escenario del Palacio de Justicia donde se encontraba bloqueado y era agredido otro autobús de normalistas por parte de la policía municipal, el Estrella de Oro 1531. Los estudiantes que iban en ese 5º autobús sobrevivieron a los hechos pero fueron perseguidos y sufrieron disparos por parte de policías municipales, con participación de una patrulla ministerial según su testimonio, durante cerca de 3 h hasta conseguir salvarse. La opacidad de la existencia de este autobús, las contradicciones evidentes del testimonio del chofer, así como una carta encontrada con su firma que confirma el testimonio de los normalistas, fueron parte de las cuestiones que llevaron al GIEI a plantear una hipótesis del caso que debía ser investigada. Esta hipótesis es la posibilidad de que dicho autobús podría haber sido un medio de transporte de la heroína que se produce en la zona, lo que podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de Los Avispones».
II Informe final del GIEI Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Los 43 estudiantes siguen desaparecidos mientras que la supuesta «verdad histórica» que leyó en televisión el entonces procurador para «explicar» la desaparición, pierde credibilidad conforme pasa el tiempo.
¿Se trató de un distractor para el caso de Tlatlaya?
Memorial de Agravios 1987-2024 